Las compañías alegan que el nuevo artículo afecta los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones, porque les convertiría en “guardianes” de catálogos de derechos sobre obras en las que pueden no tener ningún interés, lo que podría causarles serios inconvenientes respecto de sus clientes.
Artículo en El Pais.
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