2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticasauspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

NOTA: Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas. Si estás de acuerdo, copialo, publícalo en tu blog, leelo en tu podcast, imprímelo y difúndelo por todas las vías que puedas.

En El País, en el diario Público y en muchos otros medios se detallan las medidas y para tranquilizarnos González-Sinde asegura que “en ningún caso se va a cortar Internet a los usuarios” pero se abre la posibilidad de que alguien que no es un juez pueda cerrar una página web con la inseguridad jurídica que añade al sector.

Las reacciones como es lógico no han tardado en llegar. En RTVE se recogen las opiniones de expertos en derecho y en twitter y en los blogs será el tema en los próximos días.

Pintan malos tiempos si la cultura se tiene que imponer abriendo la puerta a la censura.

Esta inocente sucesión de caracteres ha desencadenado una oleada de reaciones en Digg que han puesto de manifiesto el poder de los usuarios en los sitios colaborativos, aún a riesgo de poner en peligro la continuidad del proyecto.

La historia la explica el fundador de Digg en su blog y en miles de sitios se comentan los hechos y se anima a reproducir la secuencia.

Artículo en El Pais.

La reforma de la LSSI obliga a los prestadores de servicios a retirar contenidos “presuntamente ilícitos” a solicitud de la SGAE y entidades análogas. El Consejo de Estado califica el anteproyecto como restrictivo de la libertad de uso de Internet. La Asociación de Internautas considera que el anteproyecto de Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, LISI, es un grave ataque a Internet.

Artículo completo en la Asoc. de Internautas